Los 43 de Ayotzinapa

ITZEL AURORA VÁZQUEZ FLORES

En la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014 hubo una serie de ataques contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, en el Estado de Guerrero, con 180 víctimas directas, la mayoría de ellas jóvenes. Durante el episodio, 43 normalistas sufrieron desaparición forzada sin que a la fecha se conozca su paradero.

     En el marco de las actividades de recaudación de fondos para asistir a la movilización conmemorativa de ese 2 de octubre en Ciudad de México, los estudiantes habían salido en grupos de Ayotzinapa para realizar boteos[1], pero durante su trayecto a la ciudad de Iguala tomaron cinco autobuses de línea.[2] Horas después, los autobuses se dividirían en tres grupos y cada uno sería atacado por separado: dos de los autobuses serían interceptados y todos los normalistas que viajaban en ellos detenidos-desaparecidos. Sus nombres son: Felipe Arnulfo Rosa, Benjamín Ascencio Bautista, Israel Caballero Sánchez, Abel García Hernández, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Dorian González Parral, Jorge Luis González Parral, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, José Luis Luna Torres, Mauricio Ortega Valerio, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Abelardo Vázquez Penten, Adan Abraján de la Cruz, Christian Tomás Colón Garnica, Luis Ángel Francisco Arzola, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Israel Jacinto Lugardo, Julio César López Patolzin, José Ángel Navarrete González, Marcial Pablo Baranda, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Alexander Mora Venancio, Bernardo Flores Alcaraz, Luis Ángel Abarca Carrillo, Jorge Álvarez Nava, José Ángel Campos Cantor, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Giovanni Galindes Guerrero, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Cutberto Ortiz Ramos, Everardo Rodríguez Bello, Chistian Alfonso Rodríguez Telumbre, Martín Getsemany Sánchez García, Jonás Trujillo González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, Leonel Castro Abarca, Miguel Ángel Hernández Martínez, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Antonio Santana Maestro, Marco Antonio Gómez Molina, César Manuel González Hernández y Saúl Bruno García.[3]

     Durante los hechos que se desarrollaron en al menos cuatro escenarios diferentes, entre Iguala y Chilpancingo, seis personas fueron ejecutadas extraoficialmente, incluido Julio César Mondragón, cuyos restos sin vida fueron encontrados con visibles señas de tortura al haberle arrancado la piel de la cara.[4] Más de 40 personas resultaron heridas en diversos grados y una de ellas continúa en estado de coma.[5]

     Ochenta personas más sufrieron algún modo de persecución por auxiliar a los normalistas, incluidos los choferes de los autobuses afectados.[6] Además, personas que acudieron a brindar atención médica a normalistas heridos fueron atacadas con armas de fuego.[7]

     Los ataques sucedieron con la intervención de policías municipales de la ciudad de Iguala y de Cocula,[8] mientras que en el sistema de coordinación policial conocido como C4, donde operan Policía Municipal, Estatal, Federal y el Ejército Mexicano, se recibieron avisos de los hechos de violencia y se coordinó la intervención de agentes para verificar los reportes.[9]

     Las autoridades del Estado de Guerrero iniciaron una investigación luego atraída por la entonces Procuraduría General de la República, y el 7 de noviembre de 2014 el Procurador en turno, Jesús Murillo Karam, informó en conferencia de prensa que tres de los detenidos habrían declarado el secuestro y asesinato de los 43 estudiantes. Según esta versión los jóvenes habrían sido quemados en un basurero de Cocula, Guerrero.[10]

      Sin embargo, días después el Equipo Argentino de Antropología Forense —quien trabajaba en el caso a solicitud de familiares de los desaparecidos y organizaciones civiles— señaló que de los restos recuperados por la PGR en tres localidades distintas, ninguno podía ser asociado genéticamente con alguno de los 43, por lo que se trataba de otras personas.[11]

     Para diciembre de ese año, un grupo de científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Nacional Autónoma de México señalaron como “imposible” que los hechos hubieran ocurrido como aseguraban las autoridades, pues se necesitarían “33 toneladas de troncos de árboles de unas cuatro pulgadas de diámetro para cremar 43 cadáveres”.[12]

     Luego, en enero de 2015, el mismo procurador declaró que, basado en 487 dictámenes, 39 confesiones, 386 declaraciones y 153 inspecciones ministeriales se daba “la posibilidad y la certeza legal de que los normalistas fueron muertos” como se había indicado meses antes. Ésta, dijo el funcionario, era la verdad histórica.[13]

     El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes —convocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano— emitió tiempo después un informe a partir del análisis de las investigaciones conducidas, el estudio del expediente del caso y la conducción de peritajes independientes. En sus páginas se puede encontrar la valoración de hechos y sus posibles causas, obteniendo la conclusión de que los estudiantes no fueron asesinados como indicaba la versión gubernamental.[14]

     Aún a mediados del 2019 se desconoce el paradero de estos 43 estudiantes normalistas. Entre las 142 personas detenidas por estos hechos[15] se encuentran policías municipales, presuntos miembros del grupo delictivo conocido como Guerreros unidos, así como el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa.