De máxima seguridad

Alejandro Rosas

Eran muchas y bien podía decirse que todas de “máxima seguridad”. La penitenciaría del Distrito Federal -conocida como Lecumberri- se levantaba desde 1900 en los llanos de San Lázaro y se le consideraba la más moderna y con los métodos más sofisticados para la readaptación social. Las cárceles de Belén y de Santiago Tlatelolco aprovechaban viejas construcciones coloniales para guardar a los delincuentes. San Juan de Ulúa, en Veracruz no podía compararse con el infierno, porque lo era.

            Los delincuentes tenían toda una gama de posibilidades a dónde podían ser enviados. Sin embargo, buena parte de los espacios de las cárceles porfirianas aguardaban para dar alojamiento a los presos políticos: periodistas, opositores, obreros y todos aquellos que se atrevían a criticar al régimen de don Porfirio.

            Existían además dos colonias penitenciarias cuyos nombres eran sinónimo de muerte: Valle Nacional en Oaxaca y Quintana Roo. Hasta sus extensas áreas fueron enviados cientos de indios yaquis y mayas que fueron sometidos por el ejército mexicano luego de tomar las armas contra el gobierno para defender sus tierras en Sonora y Yucatán.  Aunque la esclavitud estaba prohibida por la Constitución de 1857, en Valle Nacional existía de hecho. Las condiciones infrahumanas garantizaban la muerte a la mayoría de sus pobladores.

          Quintana Roo, por su parte, distaba mucho de ser un paraíso. En los debates del Constituyente de 1916-1917, el diputado Dávalos señaló: “Quintana Roo no fue una colonia penal, era una Siberia a la que el zar de México enviaba al que le estorbara para mantenerse en el poder”.

            Sin embargo, a los ojos de las autoridades porfiristas, las dos colonias penales que tenían resultaban insuficientes, así que el 17 de febrero de 1905 le compraron a la señora Gila Azcona viuda de Carpena –según señala Sergio García Ramírez-, las islas Marías. El siguiente paso fue acondicionar la isla María Madre para comenzar a recibir, a partir de mayo del mismo año, a los delincuentes y presos políticos del régimen.

            Con la revolución Mexicana y a instancias de Carranza y algunos diputados, San Juan de Ulúa, Valle Nacional y Quintana Roo concluyeron su historia como centros penitenciarios. Pero los gobiernos posrevolucionarios y el régimen priísta le sacaron jugo a Lecumberri y las Islas Marías. Al igual que don Porfirio, sexenio tras sexenio el gobierno envió a sus enemigos políticos a convivir con verdaderos delincuentes en las arenas blancas de las islas Marías o en las terribles crujías del Palacio Negro. En ambos casos, lejos muy lejos se encontraba la readaptación social, aunque orgullosamente cantaban a los cuatro vientos que eran de “máxima seguridad”.