5 grandes cambios de la legislación electoral mexicana contemporánea

La transición democrática - Hechos

La Constitución de 1917 definió al sistema político mexicano como democrático y representativo, cuyas autoridades a niveles local y federal acceden a su cargo por procesos electorales mediante el voto directo de todos los ciudadanos (que hasta 1953 eran únicamente los varones adultos). Durante más de medio siglo existieron varios partidos políticos, pero reinaba la ausencia de una competitividad real pues un solo partido predominó en todos los niveles de gobierno. A pesar de estas condiciones la reglamentación electoral no fue inmóvil, sino que tuvo algunas modificaciones significativas a nivel federal, como la supresión de la reelección consecutiva a nivel municipal en 1946; la inclusión del sufragio femenino en 1953 y la reforma de 1964 que abrió espacios a la oposición en las Cámaras. Sin embargo a partir de la reforma de 1977 dio inicio una nueva época de la legislación electoral mexicana, ya que se modificó el sistema de partidos, se favoreció el fortalecimiento de la oposición y se sentaron las bases para la democratización del sistema político.

A continuación te presentamos cinco momentos clave de las leyes electorales en México:

1- La reforma del 30 de diciembre de 1977 se publicó en el [k]Diario Oficial de la Federación[k] bajo el título de Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE). Entre otras cosas, esta ley posibilitó el reconocimiento de nuevos partidos políticos que hasta ese momento eran pequeños, o se constituían como grupos de oposición clandestina. También introdujo la representación proporcional, es decir, la inclusión de legisladores plurinominales en las Cámaras, que ingresaron a ésta en razón del porcentaje de curules de su partido y no por la vía electoral. La LFOPPE estipuló la existencia de 100 legisladores plurinominales en la Cámara, más los 300 que llegaban por la vía electoral, lo cual tuvo el efecto de permitir la pluralidad en el Legislativo y, a largo plazo, el fortalecimiento de la competitividad entre partidos.

2- La reforma electoral de 1986 cambió seis artículos de la Constitución e introdujo el Código Federal Electoral; a partir de esta nueva reglamentación se facilitaron los procedimientos para la formación de nuevos partidos políticos, además de que el número de legisladores aumentó de 400 a 500, con 200 que ingresaban por vía plurinominal. Estas nuevas condiciones se acompañaron de un mecanismo que favoreció al partido oficial, pues la obtención del mayor número de votos a nivel nacional garantizaba la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Debido a las condiciones históricas del país, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era el único que reunía las condiciones para controlar al legislativo, por lo que dos años después tras las elecciones federales de 1988 (quizá las más polémicas de la historia contemporánea), se puso de manifiesto el descontento de una parte de la clase política y una intensa crisis que obligó a modificar nuevamente las condiciones electorales en nuestro país.

3- Entre 1989 y 1990 el presidente Carlos Salinas emprendió los trámites para una nueva reforma electoral, que implicaron algunas modificaciones constitucionales y la creación del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE). Quizá el cambio más importante de esta reglamentación fue la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) que dependía directamente de la Secretaría de Gobernación, hasta 1990 cuando se creó una Junta General Ejecutiva para dirigirlo. El nuevo código incluyó otro elemento que aseguraba y acrecentaba el número de legisladores para el partido político que obtuviera más votos a nivel federal, pues estableció que por cada punto porcentual en la elección se otorgarían dos curules. A pesar de las sucesivas modificaciones electorales en materia de representación proporcional -un polémico punto- la equidad en la presencia de los partidos en las Cámaras no se había alcanzado.

4- En 1993 la reglamentación electoral volvió a modificarse, se introdujeron límites al uso de los recursos para las campañas políticas y también a la injerencia del gobierno federal en el IFE. Es decir, dio inicio la ciudadanización de este organismo, cuyo papel se consideró como autónomo de cualquier otra institución. Tres años después se creó el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el cual no había ningún organismo de gobierno, con lo que se consolidó su carácter descentralizado; además la organización de los procesos electorales se dejó por completo en sus manos y se limitó nuevamente el número de legisladores que ingresaban a las Cámaras por vía plurinominal. Con la alternancia del año 2000 y las nuevas condiciones del panorama político, surgieron nuevos problemas electorales, sobre todo en las campañas que se volvieron más agresivas e incluso manipuladoras. El Tribunal Electoral prohibió los mensajes de odio o difamación en 2007, estableció topes al financiamiento de las campañas y limitó su tiempo de 90 días para elecciones presidenciales y 45 días para las intermedias. Los empresarios de los medios de comunicación se mostraron muy críticos hacia esta reforma, pues vieron disminuidas sus ganancias en cada periodo electoral.

5- Tras siete años se realizó la más reciente reforma electoral que, entre otras cosas, estipuló la posibilidad de anular una elección por la adquisición de tiempos en medios de comunicación (sólo en caso de que el rango de diferencia de votos sea menor al 5%), estableció sanciones a algunos delitos electorales, aprobó el registro de candidatos independientes, reglamentó la paridad de género y -quizá el rasgo que más llama la atención- transformó al IFE en el Instituto Nacional Electoral (INE). Este último cambio ha despertado una intensa polémica por la centralización del máximo órgano electoral, que podría implicar un retroceso en su autonomía.

La historia electoral de México es compleja y amplia y aunque a nivel internacional se reconoce que la legislación electoral mexicana es un modelo ejemplar, su aplicabilidad no siempre ha sido tersa y se ha debido modificar precisamente por los problemas políticos y sociales de nuestro país, que se manifiestan con gran intensidad en cada coyuntura electoral.